Se realizó un encuentro de la Red de Cannabis y sus usos medicinales. Participaron científicxs, funcionarixs y representantes de organizaciones civiles.

La Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET recientemente creada, está integrada por investigadores del CONICET. En este primer encuentro ampliado se invitó a participar a profesionales de la Medicina, representantes del INTA, del Ministerio de Seguridad, del Poder Legislativo y ONG’s que vienen trabajando en relación al tema, como CAMEDA, Mamá Cultiva, Flores en Libertad, Asociación de Cultura Canabica, Ciencia Sativa Bariloche, entre otros.

En la reunión, que se realizó en la sala del Directorio del CONICET y estuvo encabezada por la presidenta del Consejo Ana Franchi y la investigadora Silvia Kochen, coordinadora de la Red, se efectuó una actualización de los temas más relevantes en torno al Cannabis Medicinal en la actualidad y el estado de la Ley 27.350 que regula su uso. También, se fijaron objetivos de trabajo en el corto y mediano plazo para lograr avances en la investigación del cannabis y la implementación de la Ley.

“Desde el CONICET apoyamos la iniciativa de esta red y estamos a disposición de lo que necesiten, porque creemos que tenemos que servir para llegar al territorio y contribuir para que la gente viva mejor. La institución está preparada para abordar este tema”, dijo Franchi al dirigirse a los más de treinta miembros de la Red presentes en el encuentro. Kochen trazó un breve diagnóstico de lo que está sucediendo en torno al Cannabis. Anunció que ya están las condiciones dadas para que los investigadores puedan comenzar a brindar Servicios Técnicos de Alto Nivel (STAN) en control de calidad, y luego abrió el juego para que los participantes puedan explayarse sobre las cuestiones que creyeran relevantes. “La idea es que el CONICET esté al servicio de lo que necesita la comunidad en torno al cannabis”, indicó la neurocientífica.

Una de las primeras problemáticas que salió a la luz durante la reunión -que se extendió por más de tres horas-, fue la dificultad surgida una vez que la Ley de Cannabis Medicinal fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. “En la reglamentación no se respetó el espíritu de la Ley. El artículo 8 de la Ley fue redactado mal a propósito, prohíbe el autocultivo y pone impedimentos para que pueda haber acceso al aceite de cannabis, entre otras cuestiones. La idea es proponer una nueva reglamentación al Poder Ejecutivo”, planteó en este sentido Carolina Gaillard, quien fue presidenta de la Comisión Salud de la Diputados en el momento de sancionarse la Ley, y se desempeña actualmente como diputada nacional por el Frente de Todos.

A continuación, Ana María García Nicora, presidenta de Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA), planteó que en Uruguay, país en que el cannabis es legal desde 2013, si bien el uso recreativo de la sustancia está extendido, recién el año pasado hubo dos resoluciones para regular el cannabis puramente medicinal, que aún es una cuestión pendiente.

Más adelante, el investigador del CONICET Darío Andrinolo expresó: “Es necesario normatizar y establecer los alcances y límites del control de calidad”. Luego, el director ejecutivo de la Revista THC, Alejandro Sierra, remarcó la necesidad de reforzar el espíritu de la Ley de Cannabis Medicinal: “Se reglamentó una ley que promueve la criminalización del autocultivo, el Ministerio de Seguridad fue el primer obstáculo que se interpuso para que no se cree el registro de cultivadores y demás cuestiones –dijo-. De todas formas, la Ley no es la mejor pero es una buena base para avanzar hacia una mejor reglamentación ahora”.

Valeria Salech, de la ONG Mamá Cultiva, celebró el reciente cambio de autoridades en organismos como CONICET, INTA o el Ministerio de Seguridad y dijo estar confiada de que en los próximos meses haya avances en torno al cannabis. También puso sobre la mesa la necesidad de reglamentar de manera adecuada la ley para que haya una ampliación de las patologías tratadas con cannabis, así como la necesidad de empezar a pensar no solo en aceites de cannabis medicinal sino también en la posibilidad de comercializar flores como tratamiento, la consolidación de una red de control de calidad y la posibilidad de impulsar una capacitación interdisciplinaria en todos los niveles alrededor del cannabis medicinal. “Tiene que ser como una Ley Micaela, pero de cannabis”, graficó.

El Vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, Mario Pecheny, presente en la reunión vía teleconferencia, destacó que las redes científicas como la RACME deben servir para desinstalar, a través de la evidencia, los prejuicios “bien y mal intencionados” en torno, en este caso, al uso del cannabis medicinal, así como para legitimar avances en materia de derechos.

Seguidamente, Karina Mouzo, subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación, se explayó en torno a su visión sobre la regulación del uso del cannabis medicinal: “Es un tema complejo con muchas aristas. Queremos ser un ministerio que proteja los derechos, no que persiga a los pequeños consumidores en nombre de la supuesta lucha contra el narcotráfico. La penalidad tiene que correlacionarse con el daño social, y en este caso, el uso medicinal y también el uso recreativo, no hacen ningún daño, y perseguirlo perpetúa una situación de profunda injusticia y desigualdad”, enfatizó.

Carla Arizio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), planteó que “el primer problema que se encontró a partir de la reglamentación de la Ley, desde INTA, es que es una legislación sin presupuesto asignado. ¿De dónde sacan las instituciones los fondos para la producción? Es necesario invertir para producir. No se previeron nexos entre la producción y los laboratorios de producción pública. Hay que determinar a escala regional, para ver dónde se puede producir. No puede hacerse de manera atomizada. No se pueden analizar millones de muestras; hay que estandarizar su análisis. Además, esos análisis tienen costos, que alguien tiene que asumir.”. También señaló la necesidad de que incluir en las discusiones sobre estas temáticas al Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Luego, Esteban Serra, investigador del CONICET de Rosario, que siguió la reunión vía teleconferencia, indicó: Hay que tratar de pedirles a los productores que hagan producciones en pooles, que se asocien”. La investigadora Valeria Rudoy, más adelante, resaltó la importancia de la trazabilidad para desarrollar y distribuir genéticas controladas: “Sería bueno detectar las variedades que son interesantes y que funcionan, identificar genéticas que puedan ser útiles. Se pueden desarrollar líneas de investigación. No es empezar de cero a hacer análisis, sino recuperar lo que está circulando”.

También vía teleconferencia desde Bariloche, la presidenta de la asociación civil Ciencia Sativa, Gabriela Calzolari, comentó los avances del proyecto de cultivo de plantas que están llevando adelante en Patagonia Norte.

Los integrantes de la reunión coincidieron en un nuevo encuentro en dos semanas para avanzar en:

• modificar la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal;
• trabajar en torno a las diferentes posibilidades de la producción de cannabis;
• establecer las estrategias para los controles de calidad;
• realizar un blanqueo de las plantas en uso y formar un banco de germoplasma de las diferentes cepas de cannabis;
• avanzar en las diferentes líneas de investigación en cannabis;
• Invitar a participar en el nuevo encuentro al INASE, Ministerio de Agricultura, y al Ministerio de Salud Nación;
• considerar a la actual situación de emergencia sanitaria y apurar los tiempos para contar con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del cannabis medicinal y la investigación.

Cabe destacar que la RACME forma parte de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) del CONICET.